La nueva participación del Gobierno de Estados Unidos en Intel (INTC) está generando inquietud entre los inversores, quienes temen que esta decisión marque el inicio de una etapa de mayor intromisión gubernamental en la industria privada. La preocupación se intensificó tras conocerse que el acuerdo se produjo poco después de que el presidente Donald Trump pidiera públicamente la dimisión del consejero delegado de la compañía, Lip-Bu Tan.
El pacto, anunciado el pasado viernes, convierte 11,100 millones de dólares en subvenciones de la Ley Chips y otros fondos federales en una participación accionaria del 9.9% de Intel. El comunicado oficial incluyó declaraciones de directivos de Microsoft (MSFT), Dell (DELL) y otras tecnológicas que respaldaron la operación. Sin embargo, para muchos analistas, el nivel de presión política ejercido sobre una empresa privada no tiene precedentes recientes.
Algunos accionistas consideran que la operación sienta un precedente riesgoso. “Establece un mal precedente si el presidente puede simplemente tomar el 10% de una empresa amenazando al CEO”, advirtió James McRitchie, inversor privado y activista en California. Intel, por su parte, aclaró que el acuerdo no otorga al Departamento de Comercio puestos en el consejo de administración, aunque sí permite a la institución votar en otros asuntos corporativos.
El mercado reaccionó con volatilidad. Las acciones de Intel, que cotizaban en 20.41 dólares antes de la presión presidencial, subieron hasta 24.56 dólares el 15 de agosto, para luego retroceder un 1% y cerrar en 24.35 dólares este martes. Según Fitch Ratings, la inyección de liquidez no mejora la calificación crediticia de Intel, actualmente en BBB, apenas por encima del grado especulativo, ya que no resuelve la debilidad de la demanda de sus chips.
Además, la operación implica dilución accionaria y reducción de derechos de voto para los actuales inversores, lo que podría someter a Intel a nuevas restricciones regulatorias internacionales. El propio Tan reconoció que la empresa no necesitaba el capital, recordando que SoftBank ya había invertido 2,000 millones de dólares días antes del anuncio.
Este movimiento se suma a otras intervenciones de la Casa Blanca en empresas privadas, como la participación en una minera en julio y la influencia en la operación de U.S. Steel con la japonesa Nippon Steel (5401). Para algunos analistas, la tendencia se asemeja a la política industrial de países como Alemania, Japón o Corea del Sur, donde los gobiernos mantienen participaciones estratégicas en grandes corporaciones.
Sin embargo, inversores institucionales advierten que la estrategia de Washington podría generar conflictos de interés en decisiones clave, desde la ubicación de fábricas hasta el empleo y la expansión internacional. “Una participación pública en una entidad privada puede crear un conflicto entre lo que es bueno para la empresa y lo que es bueno para el país”, advirtió Robert McCormick, director ejecutivo del Consejo de Inversores Institucionales.
La medida, que algunos ven como un paso hacia un capitalismo de Estado, mantiene dividida a la comunidad financiera. Mientras ciertos inversores creen que podría proteger a Intel de presiones activistas, otros alertan que, de repetirse, podría alterar la confianza en los mercados de capitales y generar un cambio estructural en la relación entre Washington y Wall Street.
Intel, Fitch Ratings, Consejo de Inversores Institucionales, American Century Investments, UBS.
